La Jefatura de Policía de San José brindó la información este sábado:
El día 21 de junio se realizó audiencia en el Juzgado Letrado de San José de 1er. Turno, donde fue condenado M.R.C.M de 33 años, como autor penalmente responsable de tres delitos de concusión y un delito de estafa en régimen de reiteración real, a la pena de catorce meseS de prisión, la que se cumplirá de la siguiente manera: los primeros cuatro meses deberá permanecer en su domicilio las veinticuatro horas y los meses restantes con un régimen de libertad a prueba, con obligaciones.”
Cumplía funciones en la Dirección de Gestión Ambiental y Salud.
Tiempo atrás la Intendencia de San José envió a la Junta Departamental de San José un oficio con el pedido de la venia para proceder a la destitución del funcionario que se vio involucrado en el sonado caso de la compra de motos, informó en su momento el periodista Jorge Gutiérrez Pérez este miércoles.
Una vez finalizadas las actuaciones de la asesoría jurídica de la Intendencia, el expediente dice que «surge fehacientemente probada la inconducta del funcionario, ocasionando con su actitud la comisión de una falta muy grave, establecida en el estatuto del funcionario”.
El expediente señala que «el funcionario ha infringido sus deberes funcionales al haber desacreditado con su conducta, la imagen pública de la administración”.
Gutiérrez Pérez indica también que “El oficio enviado por la Intendente a la Junta solicitando la venia, señala que “Matías Copete como funcionario público ha perdido la idoneidad moral para desarrollar su función, debiendo procederse a la destitución del mismo, de acuerdo al artículo 275 inciso 5to. de la Constitución de la República”.
Ese artículo de la Constitución que habla de las atribuciones de los gobiernos departamentales dice: “Nombrar los empleados de su dependencia, corregirlos y suspenderlos.
Destituirlos en caso de ineptitud, omisión o delito, con autorización de la Junta Departamental, que deberá expedirse dentro de los cuarenta días. De no hacerlo, la destitución se considerará ejecutoriada. En caso de delito, pasará, además, los antecedentes a la Justicia”.
Por lo tanto, en caso de que la Junta no se expida dentro de los 40 días, el funcionario automáticamente quedará destituido.
Este funcionario cumplía tareas en la Dirección de Gestión Ambiental y Salud.
La Intendencia, al igual que un comerciante habían efectuado denuncias policiales, y se aguardaba por la resolución de la Fiscalía que se conoció este sábado.
Fuente : San José Ahora.