Hay una investigación administrativa y policial sobre el episodio acontecido entre Julio y Agosto que involucra a un funcionario municipal y un comercio de San José de Mayo.
El indagado “no tenía usuario en compras”, informó director de Hacienda en la Junta Departamental de San José.
Los directores de Tránsito y Hacienda de la Intendencia de San José, Yarwynn Silveira y el Cr. Miguel Olagüe respectivamente, comparecieron en la sesión del lunes de la Junta Departamental. En la oportunidad defendieron los sistemas de compras y empadronamiento de la Intendencia asegurando que los mismos brindan las garantías necesarias para no incurrir en procedimientos indebidos.
En total fueron tres motos las que retiró el trabajador a nombre de la Intendencia y que le fueron entregadas por un proveedor local, no obstante, se aclaró que no hubo orden de compra, por ende, la Intendencia no pagó por los vehículos en cuestión.
En la sesión se confirmó que actualmente existen dos investigaciones, una policial y otra administrativa, de las que no se brindaron mayores detalles dada la etapa en la que se encuentran. Con ellas se pretende determinar quiénes podrían tener responsabilidad ante eventuales irregularidades y de constatarse las mismas qué sanciones se podrían aplicar.
El Cr. Olague informó que el funcionario investigado “nunca” tuvo usuario en compras, adquisiciones o contacto con proveedores. El titular de Hacienda destacó que el proceso de compra no falló, sino que fue la Intendencia quien constató la situación, la investigó y denunció.
El empleado adquirió dos birrodados en el mes de julio y uno en agosto en una conocida firma comercial del medio.
Sin embargo, después de transcurrir algún tiempo sin abonar, la empresa se puso en contacto con la Intendencia para hacer el reclamo correspondiente.
Las averiguaciones internas llevadas a cabo permitieron determinar que el funcionario se había quedado con los vehículos y, además, había regalado uno de ellos a un familiar.
Como consecuencia de ello, se puso en marcha una investigación administrativa. Paralelamente, desde el comercio se radicó la denuncia policial correspondiente.
Las actuaciones, que fueron confirmadas por la titular del Ejecutivo, Ana Bentaberri, están siendo llevadas adelante por el Área Jurídica de la comuna. Cada una de las motos adquiridas por el implicado tiene un valor de entre 1000 y 1500 dólares estadounidenses.
